El día 15 de abril del 2016 a las 8:00 am se llevó a cabo en el salón Boyacá de la Cámara de Representantes la audiencia «Persistencia del paramilitarismo: Sin garantías no hay paz sostenible» convocada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Coordinación Agrominera, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente Colombiano(DHOC), Movimiento Político y Social Marcha Patriótica-Comisión Nacional de Derechos Humanos, además del representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz y el senador Iván Cepeda.
Esta audiencia se convoca teniendo en cuenta la nueva ola de paramilitarismo que afecta al país en este momento, en particular a las comunidades campesinas inmersas en el proceso de restitución de tierras y a los defensores de derechos humanos del país. Este fenómeno paramilitar ha generado una serie de violaciones a los derechos humanos, dada la ausencia de garantías para la defensa de los derechos humanos.
La instalación de la audiencia estuvo a cargo de los congresistas Alirio Uribe e Iván Cepeda, además de la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del movimiento político y social Marcha Patriótica quienes hablaron sobre la actual amenaza paramilitar en el país. En dichas intervenciones se resaltó la importancia de que el Estado reconozca la existencia del paramilitarismo, siendo el primer paso denominar este grupo como «Paramilitares» y no como «Bacrim» ya que esta última denominación hace referencia a la delincuencia común, lo que le resta importancia a la ola de violencia que está generando este tipo de grupos armados. Además, se habló de la importancia de erradicar el fenómeno del paramilitarismo para así poder llegar a la paz que se anhela, a partir de los diálogos de paz. De igual manera, el representante a la cámara Alirio Uribe afirmó que «Hay 14 estructuras paramilitares que operan en 338 municipios del país».
Posteriormente, varias organizaciones realizaron sus intervenciones denunciando casos puntuales por región, en donde se está padeciendo las consecuencias de la persistencia del paramilitarismo. Diferentes organizaciones denunciaron la fuerte presencia de paramilitarismo y de amenazas en varias regiones del país, además de la desatención por parte del Estado.
Entre las denuncias se aseguró que en el Valle del Cauca y Nariño existe relación entre multinacionales extractivas y grupos paramilitares. La organización CREDHOS denunció que hay 118 casos de asesinatos en el Magdalena Medio y 25 casos de desplazamiento forzado producto de los Urabeños. Además, Iván Maderos de CREDHOS afirmó que «el paramilitarismo tiene una composición política y económica». La Organización Justicia y Paz denunció que los paramilitares «En Trujillo Valle ejercen el control total de la población, además están propiciando compra de tierras». La ONU afirma que «La no sanción de las acciones criminales dificulta la no repetición y la reparación».
Según algunas denuncias, estos grupos paramilitares cuentan con apoyo de la fuerza pública y de algunos sectores políticos, por lo cual han podido llegar a asegurar territorios y poder político local, valiéndose de amenazas y amedrentamientos hacia la población.
La Corporación Jurídica Yira Castro, se une a esta voz de protesta por parte de los diferentes movimientos sociales y exige al Estado que se tomen todas las medidas necesarias para que se garantice el desmonte del paramilitarismo, se fortalezca el proceso de restitución de tierras y se repare el daño que por décadas sufrieron los campesinos víctimas de desplazamiento forzado.
