
La Corporación Jurídica Yira Castro manifiesta su preocupación y rechazó frente a los recientes ataques selectivos y sistemáticos en contra del movimiento social colombiano, el cual se ha presentado en varias zonas rurales del país. La oleada de agresiones que se ha presentado en las últimas semanas ha cobrado la vida de varios líderes sociales campesinos entre ellos se encuentran Erley Monroy, Didier Loaiza Barreto, José Antonio Velasco, Rodrigo Cabrera, John Rodríguez y Marcelina Canacué. También se han registrados atentados contra la vida e integridad de Argemiro Lara, Danilo Bolaños Díaz, Hugo Cuellar y Martha Díaz, reconocidos dirigentes campesinos que han trabajado en pro de la defensa de los derechos humanos en sus respectivas comunidades y de igual manera han apoyado el actual proceso de paz.
Las cifras son realmente críticas, se habla de más de 70 defensores de derechos humanos asesinados en lo que va corrido del año. Esta cifra lamentablemente ha sido persistente en los últimos años. Colombia es uno de los países donde más se violenta a los defensores de DDHH por lo que es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer dicha labor.
La CJYC saluda el proceso de negociación con las FARC y aspiramos que este concluya. Sin embargo, cabe recordar que hay problemas sociales estructurales en el país, y que sigue siendo una constante el uso de violencia como forma de resolución de conflictos. Por esto es clave que en el marco del proceso de diálogo y negociación, se implementen de manera inmediata las medidas para el desmonte de grupos paramilitares que continúan amedrentando a las comunidades y quienes han sido el principal obstáculo para alcanzar la paz.
Hacemos un llamado al gobierno nacional para que adelanten las investigaciones penales eficientes a fin de esclarecer estos hechos. La impunidad que ha acompañado los crímenes contra defensores de derechos humanos es el principal motor para que se sigan cometiendo estas acciones. Así las cosas el Estado está en la obligación de garantizar medidas de seguridad a los líderes y liderezas sociales que se encuentran en zona rural.




