Las declaraciones del senador JP Hernández en el recinto del Congreso de la República no constituyen un ejercicio legítimo de contradicción política, sino una reedición peligrosa y preocupante de prácticas estigmatizantes que históricamente han precedido a la violencia política en Colombia. Utilizar el escenario parlamentario para descalificar la memoria de líderes y lideresas históricas no solo vulnera el derecho constitucional al buen nombre y a la honra, sino que degrada el debate democrático al nivel del señalamiento irresponsable y estigmatizante.
Frente al reduccionismo y la agresión retórica, la respuesta institucional y ética debe ser la reivindicación clara de la verdad histórica y judicial. Resulta preocupante el silencio de la Procuraduría General de la Nación frente a este tipo de expresiones, más aún cuando la inviolabilidad parlamentaria no puede convertirse en un amparo para la estigmatización ni en un mecanismo para evadir la responsabilidad ética y política derivada del ejercicio de la representación pública.
Evocar a Yira Castro y a Manuel Cepeda Vargas es reconocer trayectorias políticas íntegras, civilistas y profundamente comprometidas con la defensa de las causas sociales y de las comunidades más vulnerables del país. Yira Castro, periodista y concejala de Bogotá, fue una pionera incansable en la lucha por el derecho a la tierra, la vivienda digna y la organización de los sectores históricamente excluidos y desprotegidos. Manuel Cepeda, abogado, periodista y congresista, llevó la voz de trabajadores, trabajadoras y sectores marginados a las más altas instancias del poder legislativo.
Ambos ejercieron la política desde el Partido Comunista Colombiano de manera pública y legal con el único propósito de transformar las profundas desigualdades de la sociedad colombiana y ampliar las garantías democráticas para todos los sectores de la población.
En necesario reiterar que, en la historia del país, la estigmatización nunca ha sido inofensiva, fue el combustible retórico y el mecanismo de señalamiento que antecedió el genocidio político contra la Unión Patriótica. La construcción discursiva del «enemigo interno», reproducida durante décadas, justificó y facilitó el exterminio sistemático de miles de militantes, líderes y lideresas sociales, dirigentes comunales y parlamentarios que, al igual que Yira Castro y Manuel Cepeda Vargas, creyeron en la apertura democrática y en las urnas como camino para la construcción de la paz.
Conforme ha establecido la Corte IDH, los funcionarios públicos deben verificar de manera razonable los hechos antes de hacer declaraciones, con un cuidado mayor que el exigido a los particulares debido a su cargo y a la influencia que tienen sobre la sociedad. Sus pronunciamientos no pueden vulnerar derechos fundamentales ni ejercer presión sobre quienes participan en el debate público. Esta responsabilidad es aún más importante en contextos de conflicto, alteraciones del orden público o polarización social y política, donde sus palabras pueden generar mayores riesgos para determinadas personas o grupos.
La dignidad de Yira Castro y la memoria de Manuel Cepeda Vargas -cuyo magnicidio fue reconocido como un crimen de Estado y cuya responsabilidad internacional fue declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- no están sujetas a la desinformación ni a los cálculos electorales. Defender sus legados frente al insulto y la estigmatización no es solo un acto de justicia con sus nombres ,sus familias y quienes compartieron sus luchas; es también una defensa del Estado Social de Derecho y un freno ético indispensable frente a los discursos negacionistas que buscan perpetuar perpetuar los ciclos de odio y violencia en nuestro país.
Suscriben:
- Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC).
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).
- Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS).
- Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar).
- Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
- Humanidad Vigente.
- Corporación Claretiana Norman Pérez.
- Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (Modep).
