De acuerdo con información publicada por El Espectador el 6 de octubre de 2025, el pasado 2 de septiembre cerca de 500 familias del sur de Bolívar se vieron forzadas a desplazarse de la zona en medio de la disputa territorial entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.
Luego de permanecer refugiadas durante un mes en un albergue improvisado en el municipio de Arenal del Sur, las familias decidieron retornar a sus hogares sin que existan garantías para su seguridad, ante la insuficiente acción institucional a nivel municipal, departamental y nacional.
Las comunidades caminan con temor, pues la siembra de minas antipersonales y artefactos explosivos se ha incrementado en la región durante los últimos meses, en medio de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial de este corredor estratégico para la guerra, y la producción de oro y coca.
Desde la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) exigimos a las autoridades competentes del orden Nacional y a los entes territoriales la adopción inmediata de medidas integrales de protección que garanticen la vida, integridad y dignidad de las comunidades campesinas afectadas por los desplazamientos y confinamientos forzados, los hostigamientos armados y el cese impuesto de sus actividades productivas, educativas y sociales.
A pesar de los anuncios de diálogo y los compromisos pactados en materia de paz, la falta de garantías reales, la ausencia estatal y el incremento de la violencia continúan profundizando la crisis humanitaria en el sur de Bolívar.
Recordamos que leyes como la Ley 387 de 1997 y la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) obligan al Estado colombiano, en todos sus niveles, a garantizar la prevención del desplazamiento forzado, la asistencia humanitaria inmediata y la protección efectiva de las poblaciones en riesgo.
Finalmente, frente al panorama electoral en el sur de Bolívar, líderes sociales y organizaciones locales advierten que no existen condiciones de seguridad para garantizar el voto libre, informado y seguro en varios municipios, especialmente en Arenal del Sur, Montecristo, Santa Rosa del Sur y Morales, lo cual vulnera los derechos políticos de la población y pone en riesgo la democracia.
La CJYC reitera su llamado urgente a las instituciones estatales para que actúen con celeridad, articulación y enfoque territorial, garantizando la protección integral de las comunidades campesinas y defensoras de derechos humanos del sur de Bolívar.
