Las comunidades que han resistido los impactos del conflicto armado en Colombia siguen esperando que la promesa de paz se traduzca en transformaciones reales y estructurales en sus territorios. A nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, persisten deudas históricas que limitan la reparación y dignificación de las víctimas.
El más reciente Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, presentado por la Contraloría General de la Nación, confirma esta realidad. Los hallazgos evidencian rezagos profundos en la formalización de tierras, el acceso a recursos para la reparación colectiva y la incorporación de medidas con enfoque de género.
Desde la Corporación Jurídica Yira Castro hacemos un llamado urgente a que las entidades competentes fortalezcan la evaluación de los programas, la ejecución de los recursos, la coherencia en la contratación y el seguimiento de los avances. Cada peso invertido debe traducirse en cambios significativos, sostenibles y verificables para las comunidades que han sufrido los impactos del conflicto armado en Colombia.
Uno de los puntos más críticos es la Reforma Rural Integral, pilar fundamental del Acuerdo, que muestra un cumplimiento insuficiente: de los 3 millones de hectáreas contempladas en la meta de formalización, sólo se han entregado 27.000. Aunque en 2024 se avanzó con la entrega de 7.432 hectáreas, esta cifra aún está muy lejos de la transformación estructural que se requiere en el campo colombiano.
De igual manera, preocupa que de los 90 planes integrales de reparación colectiva proyectados para el periodo 2023–2026, únicamente se hayan implementado seis con enfoque territorial. Este retraso profundiza la sensación de incumplimiento entre comunidades que llevan años esperando justicia y garantías de no repetición.
El informe también señala la falta de protocolos claros para la atención de mujeres víctimas de violencia y las limitaciones en la capacitación de funcionarios responsables. Sin estas medidas, no es posible garantizar un enfoque de género efectivo en la implementación del Acuerdo.
La Corporación Jurídica Yira Castro insiste en que el cumplimiento de los compromisos de paz exige articulación interinstitucional, transparencia en el uso de los recursos, participación activa de las comunidades, garantías de protección integral para las comunidades y voluntad política sostenida.
Solo así será posible evitar escenarios de revictimización y avanzar hacia la reparación integral, la justicia y la construcción de paz, honrando un Acuerdo que le devolvió la esperanza al país.
