Hoy en la vereda La Pola (Chibolo, Magdalena) se llevó a cabo la entrega de una de las medidas de reparación colectiva por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, a favor de la comunidad campesina de las veredas de La Pola y La Palizua quienes son víctimas de despojo y usurpación de tierras por parte del paramilitarismo.
Dentro de los compromisos del Gobierno Nacional en el marco del proceso de restitución de la ley 1448 de 2011, se encuentra la reconstrucción de la casa llamada «El Balcón» como medida de reparación simbólica. Esta casa ha sido el punto de encuentro de la comunidad campesina desde su llegada a la región a inicios de los años 80s, pero también fue el centro de operaciones del paramilitarismo, quienes al mando de alias “Jorge 40”, sembraron el terror en la zona a finales de la década del 90 y comienzos del 2000.
La Corporación Jurídica Yira Castro acompaña a estas comunidades desde 2006 cuando iniciaron su regreso a las tierras después de 10 años en desplazamiento forzado, ya que su retorno no fue garantizado por las entidades estatales.
Desde el 2012, la Corporación ha presentado 7 demandas de restitución de tierras en el marco de la ley 1448, con el fin de contrarrestar las diferentes modalidades de despojo de tierras que sufre esta comunidad tales como la falsificación de documentos públicos, adjudicaciones y ventas ilegales de tierras entre otras. Al día de hoy, sólo se cuenta con 3 sentencias, de las cuales se han entregado 6 títulos de restitución de tierras a sus verdaderos propietarios, las demás órdenes de las providencias no se han hecho efectivas; tales como la construcción e implementación de centros médicos y educativos, construcción de vías y suministro eléctrico, importantes dentro de las medidas de justicia restaurativa contempladas en la Ley 1448.
En el acto público, las comunidades manifestaron sus preocupaciones al respecto, y directamente solicitaron mayores avances en la implementación de la Ley 1448; recordando que las obligaciones de las instituciones gubernamentales a nivel municipal, departamental y nacional, van mucho más allá de la entrega de una construcción que carece de equipamiento básico como energía eléctrica y acceso de agua potable, y de medidas de fondo que contribuyan al proceso de construcción de memoria colectiva que dé cuenta de la gravedad del fenómeno del paramilitarismo en Chibolo (Magdalena).
El gran reto de la ley de víctimas y restitución de tierras será entonces garantizar que se transformen condiciones de vida y realidades ajenas a la prosperidad, ya que se requiere el cumplimiento total y a corto plazo de las ordenes emitidas por los jueces de restitución de tierras que van dirigidas directamente a mejorar las condiciones para una vida digna. Se requiere entonces de una mejor articulación del Estado en todos los niveles y así cumplirles a las víctimas desde la protección de sus derechos.
