La Corporación Jurídica Yira Castro alerta sobre la situación de riesgo de los líderes y lideresas reclamantes de tierras en el municipio de Chibolo (Magdalena) en el marco de la implementación de la ley 1448 de Víctimas y Restitución.
HECHOS:
El pasado 24 de octubre, en las horas de la madrugada el señor ANIANO CANTILLO, miembro de la Mesa Municipal de Desplazados, fue víctima de un atentado en el Municipio de Chibolo (Magdalena) cuando su casa fue objeto de varios disparos que por fortuna no atentaron contra su vida.
Los agresores dejaron un panfleto amenazante firmado por “VACRIN” con el siguiente texto “este grupo armado que está en contra de los ladrones bandidos expendedores de drogas a tomado la vocería para desterrar a todas aquellas personas intermediarias que se vinculen a lucrar dichos beneficios del estado injustificadamente ya que tenemos conocimiento de una catramanada hp haciéndose pasar por beneficiarios de dichos programas y recalcamos objetivo militar a todos aquellos líderes que se presten para esto también serán objetivo militar dichos bandidos que delinquen en su municipio tienen un plazo de 48 horas para dejar el municipio si no pagaran con sus vidas.”
ANTECEDENTES:
El señor CANTILLO es una persona que es conocida en el municipio ya que ayuda a las personas a elaborar peticiones relacionadas con desplazamiento y despojo de tierras. Por amenazas recibidas anteriormente ha solicitado medidas de protección, teniendo como respuesta el acompañamiento “Padrino” por parte de la Policía Nacional, programa que también tienen los diferentes líderes y lideresas de la región, el cual es insuficiente y precario pues consiste en llamar cadados días a la persona preguntando por su situación.
CONTEXTO:
El asesinato de Carlos Eduardo Olmos Cárdenas miembro de la Mesa de Víctimas del municipio Los Palmitos (Sucre) el pasado6 de octubre quien recibió siete disparos por cuenta de dos hombres en motocicleta o la reciente denuncia de amenazas firmadas por el Grupo Anti restitución de Tierras a los defensores de derechos humanos de Nariño, son los últimos hechos conocidos, los cuáles se añaden a cifras alarmantes que acompañan la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448):
-A septiembre de 2013 la Unidad Nacional de Protección protege a 452 personas reclamantes de tierras, 32 de estas en el Magdalena.
-De enero de 2012 a septiembre 2013al menos 500 reclamantes de tierras y líderes en más de 25 departamentos han denunciado ante las autoridades amenazas de muerte.
PETICIONES:
-A la Fiscalía General de la Nación investigar los hechos denunciados y sancionar a las personas responsables.
-A la Unidad Nacional de Protección aplicar medidas integrales de protección para garantizar la no repetición de los hechos victimizantes a las personas que reclaman sus derechos.
-Al Gobierno Nacional cumplir con el acceso y la implementación de las medidas de reparación integral.
