A finales del año 2015, el país conoció que tras cumplirse tres años desde su inicio, el proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional había conllevado un significativo ahorro de vidas, pues había prevenido la muerte de por los menos 1.500 personas a causa del conflicto armado. Comparando el periodo 2012-2015 con el período de implementación de la Política de Seguridad Democrática (agosto 2002-octubre 2012) no sólo habrían muerto 1.572 combatientes menos, tanto de las Fuerzas Armadas como de la insurgencia, sino que también se ha preservado la vida de 499 civiles.

Con gran entusiasmo el país pudo conocer que en 2015 las acciones armadas disminuyeron en casi un 80% con relación al año anterior, y que comparativamente el año 2015 fue el año más pacífico en los últimos 51 años, con el más bajo número de combatientes muertos o heridos y de acciones militares por parte tanto de guerrilla como de Fuerza Pública, según estudio de monitoreo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). El propio Ministerio de Defensa ha informado que producto de esta dinámica los homicidios en Colombia bajaron de 13.343 en 2014 a 12.673 en 2015. Estos datos, que sin duda conllevan un cambio positivo en la realidad política nacional, han resaltado como causa principal la implementación de medidas de desescalamiento bilaterales y al cese al fuego unilateral decretado por las FARC-EP desde finales del 2014.

Sin embargo, esta realidad contrasta con la persistencia de ejecuciones extrajudiciales en diversas regiones, afectando a diversos sectores sociales, perpetradas por fuerzas de seguridad del Estado y también por grupos paramilitares. A pesar de que este fenómeno no muestra las magnitudes que se presentaron en el periodo 2002-2010, para decenas de familias, especialmente de los sectores más humildes y ubicados en zonas de agudos conflictos sociales y de intensa marginación económica y social, la muerte de seres queridos a manos de agentes estatales o sus aliados paraestatales es una realidad que sigue causando víctimas, la cual se ve agravada por los esfuerzos dirigidos a ocultar y desviar la responsabilidad de los actores estatales o paraestatales involucrados.

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