La Corte Constitucional tuteló el derecho al acceso a la tierra de las personas que pertenecen a la comunidad campesina residente en la inspección del Porvenir, municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta que cumplan con los requisitos de ser sujetos de reforma agraria. Mediante esta acción, se garantiza el derecho a la tierra a la comunidad campesina, tierra que el Gobierno quiere intervenir para establecer la primera Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). La regencia de este predio estaba a cargo del del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER, en determinado momento Carlos Carmona, subgerente de Tierras, dijo: “Ninguna de las personas que hay allá es sujeto de reforma agraria, porque tranquilamente ninguno lleva más de cinco años allá (lo cual es requisito para una adjudicación), porque la familia Carranza entregó el predio el año pasado”. Por otro lado, según el periódico El Espectador, la actual Agencia Nacional de Tierras, se refirió al caso informando que “dará inicio a una campaña de divulgación de información a la comunidad, con el acompañamiento de la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para disuadir a las personas de ingresar a estas tierras. (…) habrá una adjudicación gradual para aquellos que realmente tengan el derecho de acceder a ellas”. El caso de El Porvenir Tendrá que ser materia de análisis para las autoridades competentes, quienes deberán evaluar cómo implementar las Zidres y la política rural sin generar conflictos en las regiones. Por su parte Irene López, abogada del caso y miembro de la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), afirma que la honorable corte Constitucional reconoció en la sentencia que la tierra debe ser vista como un derecho fundamental para el campesinado, ya que es su principal fuente de subsistencia, para ello es importante establecer una conexidad entre los derechos fundamentales de los campesinos y el derecho a la tierra, logrando con ello un amparo integral de los derechos del campesinado. Además, aseguró que para la implementación de las Zidres el Estado debe tener en cuenta las necesidades básicas de la población campesina y hacerla participe de las decisiones que los afectan. La CJYC hará seguimiento de las acciones del Estado en esta zona del país para garantizar que no se vulneren los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado.
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