La Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC, es un colectivo de trabajo, sin ánimo de lucro, con más de quince años de experiencia, que tiene como misión la defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos de personas en situación de vulnerabilidad, mediante la implementación de acciones jurídicas y políticas a nivel nacional e internacional que permitan alcanzar mayores niveles de justicia social en Colombia.

Llevamos a cabo una labor de capacitación de líderes de Organizaciones de Población Desplazada en materia de derechos humanos, con énfasis en los derechos de la población en situación de desplazamiento, así como en la utilización de instrumentos jurídicos de protección de sus derechos. Asimismo, la Corporación interpone acciones jurídicas de protección de derechos de la población desplazada (peticiones, tutelas, acciones de cumplimiento, populares, etc.) y apoderamos a las familias víctimas de desplazamiento, en los procesos penales, disciplinarios y administrativos originados con el hecho violento. La Corporación participa de espacios alternativos de coordinación de organizaciones de derechos humanos y víctimas, que se inscriben en la estrategia de búsqueda de verdad, justicia y reparación desde las víctimas y los sectores populares.

La CJYC a lo largo de su trabajo, ha conseguido importantes avances jurisprudenciales para el reconocimiento de los derechos humanos de población vulnerable como la campesina, y las víctimas de desplazamiento y despojo de tierras. Entre los logros más importantes, la Corte Constitucional ha reconocido la necesidad de mantener las ayudas humanitarias que tienden a garantizar una estabilización socio-económica, igualmente se logró que se establecieran los lineamientos en los procesos de retorno y reubicaciones2, se contribuyó a la fijación de los principios de solidaridad crediticia para las comunidades víctimas, se trazó una línea jurisprudencial en materia de reconocimiento de derechos de población víctima de desplazamiento forzado en zonas urbanas4, se establecieron directrices para el rechazo de las solicitudes en el RUPD5, y se fortalecieron los derechos de los campesinos y campesinas carentes de protección constitucional.