La Comunidad Indígena Je’eruriwa, originaria del departamento del Amazonas, fue víctima de desplazamiento forzado y despojo de tierras y enfrenta el riesgo inminente de exterminio físico y cultural. Desde 2017, han luchado por su reubicación ante la Agencia Nacional de Tierras, recurriendo a acciones legales para ser escuchados. A pesar de obtener un fallo a su favor en 2022, que ordena garantizar su derecho a la tierra, el proceso ha sido revictimizante y sin resultados concretos, culminando en actos de racismo estructural que requieren atención inmediata.
El pasado 3 y 4 de octubre, en el marco del cumplimiento de órdenes de la sentencia 5000131070012022-00002-00 en la que se ordenó, entre otras cosas, lo siguiente; “al Gobernador de Cundinamarca y la Agencia Nacional de Tierras, para que, en el marco de sus funciones, desarrollen un trabajo armónico y mancomunado en aras de garantizar el derecho fundamental a la reubicación y al territorio de la comunidad Je’eruriwa Yucuna, representada por su capitán Oswaldo Rodríguez Macuna, en tal sentido se programó una visita a los predios en Paratebueno con el objetivo de evaluar si cumplen las condiciones para que el pueblo Je’eruriwa se reubique y constituya su resguardo indígena en estas tierras. Sin embargo, lo que debía ser un avance hacia la recuperación de sus derechos territoriales se vio truncado por la falta de organización y las fallas en la comunicación y preparación por parte de las entidades responsables. La comunidad campesina local no había recibido una socialización adecuada, lo que generó imprecisiones y desconocimiento sobre el proceso de reubicación del pueblo Je’eruriwa, y la obstrucción a la visita programada y posterior retiro de la comunidad de manera imprevista.
Vulneración sistemática de Derechos:
Las intervenciones del alcalde y otros funcionarios locales en lugar de promover el diálogo, exacerbaron la situación, generando desinformación y rechazo hacia la comunidad Je’eruriwa. Además, se realizaron comentarios discriminatorios y revictimizantes, cuestionando el derecho del pueblo Je’eruriwa a asentarse en el municipio, bajo la condición de que debían aportar algún tipo de progreso a Paratebueno. Durante esta fracasada visita se vivieron expresiones de rechazo y de estigmatización hacia la comunidad indígena que pueden observarse tanto en un video publicado en Facebook, así como en otros videos tomados para contextualizar lo sucedido. En ellos, ni los funcionarios de la SAE, la ANT o los funcionarios de la Autoridad Local intervinieran para apaciguar la situación. Lo vivido por los miembros de la Comunidad Indígena se puede constatar en los videos tomados durante la visita.
La desinformación y la falta de un enfoque intercultural en el manejo de la situación, aunado a falta de preparación y articulación por parte de las entidades que deben dar cumplimiento a la sentencia, generaron tensiones que culminaron con la obstrucción de la visita a los predios, tanto para el pueblo Je’eruriwa como para las instituciones y organizaciones acompañantes que pudieran visitar los predios en los dos días que estuvo la comitiva en el territorio. Durante todo este proceso los Je’eruriwa fueron objeto de actos de exclusión y racismo estructural, que en muchos casos provinieron de la falta de claridad en la información ofrecida a las comunidades locales.
Aunque las entidades encargadas, como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), intentaron socializar el proceso de manera un tanto improvisada, tardía, sin que mediara un protocolo o preparación previa por parte de estas entidades, el ambiente ya se había deteriorado, impidiendo el desarrollo adecuado de la visita, generando un retroceso al proceso en cumplimiento a la orden judicial.
Estos hechos resaltan aún más la amenaza constante de exterminio físico y cultural, exclusión y estigmatización a la que se enfrenta el pueblo Je’eruriwa. Razón por la cual, es urgente que las entidades competentes actúen desde un enfoque de acción sin daño, con una perspectiva intercultural en la cual la información que se brinde sea clara, precisa y culturalmente pertinente. Solo a través de un proceso conjunto que incluya tanto a los Je’eruriwa como la participación activa de las instituciones nacionales y locales se podrá avanzar en la restitución de sus derechos vulnerados, especialmente a la tierra sin generar tensiones adicionales. Garantizar su territorio no es solo un acto de justicia, sino una medida imprescindible para evitar el exterminio físico y cultural del pueblo Je’eruriwa.
En este sentido, hacemos un llamado urgente a los órganos de control, como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para que tomen las medidas necesarias que garanticen los derechos de la comunidad Je’eruriwa, víctima de desplazamiento forzado. No se pueden tolerar los hechos discriminatorios y racistas que perpetúan su revictimización y ponen en peligro su existencia física y cultural.
