Este mes el diálogo de la sociedad civil estuvo centrado en la Jurisdicción Agraria y Rural (JAR) al realizarse la Audiencia Pública Mixta sobre el Proyecto de Ley 183 de 2024 Senado sobre esta Jurisdicción. Esta sesión, más que una simple discusión legislativa, reveló las profundas preocupaciones y expectativas que surgen cuando se habla de cambiar la manera en que se resuelven los conflictos agrarios en Colombia.
El proyecto de ley, diseñado para crear una justicia especializada en el ámbito rural, se ha topado con diversas críticas que van desde el temor a una supuesta invasión de propiedad privada hasta el miedo a que los jueces agrarios asuman competencias que tradicionalmente pertenecen a otras áreas. Algunos sectores desde el ámbito agropecuario hasta las organizaciones gremiales advierten que esta jurisdicción podría sobrecargar el sistema judicial, generando una congestión que agravaría, en lugar de resolver, los problemas del campo.
Uno de los principales temores es que la Jurisdicción Agraria se convierta en un mecanismo para fomentar la invasión y/o nueva apropiación de tierras, dado que se cree que el principio de permanencia agraria protegería a los ocupantes ilegales y dificultaria las órdenes de desalojo. Esta inquietud refleja el miedo a que la justicia agraria priorice a los vulnerables del campo sobre los derechos de propiedad privada, afectando el sector productivo.
Además, se ha señalado que la creación de la Jurisdicción Agraria podría debilitar el control judicial sobre ciertos temas agrarios, ya que se propone delegar algunas competencias a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo que dejaría a los jueces agrarios como simples veedores de legalidad, sin poder de decisión en conflictos de fondo. Para algunos, esto implicaría una justicia incompleta, donde los verdaderos actores del conflicto perderían protagonismo.
Sin embargo, detrás de estos miedos se esconde una realidad distinta. La Jurisdicción Agraria no es una amenaza, sino una oportunidad para garantizar un acceso más justo y ágil a la justicia en las zonas rurales, donde históricamente los conflictos por la tierra se han resuelto de manera lenta y bajo la ley del más fuerte. El objetivo no es expropiar ni legalizar invasiones o apropiaciones de tierras, sino establecer un equilibrio entre los derechos de los propietarios y las necesidades de las poblaciones más vulnerables, aquellas que dependen de la tierra para su sustento y que muchas veces no tienen los recursos para acceder a un proceso judicial justo y efectivo.
Además, lejos de restar competencias a los jueces, la Jurisdicción Agraria está diseñada para fortalecer su papel en la resolución de conflictos rurales. El proyecto de ley busca que estos jueces no solo se enfoquen en la tenencia de tierras, sino que también aborden disputas relacionadas con actividades agroindustriales, pesqueras y forestales, reconociendo la complejidad de los territorios rurales. En lugar de fragmentar la justicia, la JAR tiene como misión unificar los criterios procesales, agilizando la toma de decisiones y garantizando una justicia más Expedita y accesible.
La creación de la Jurisdicción Agraria no solo responde a una demanda histórica del campo colombiano, sino que también es un paso necesario para cerrar las brechas de desigualdad que aún persisten en el sector rural. Se estima que más de 37 mil procesos agrarios están pendientes de resolución, lo que ha alimentado una conflictividad latente que obstaculiza el desarrollo en estas regiones.
Al final, la JAR no es solo una instancia judicial; es una oportunidad para que las voces del campo sean escuchadas y sus conflictos resueltos de manera equitativa, con un enfoque en los derechos fundamentales y el desarrollo sostenible. El desafío radica en despejar las dudas, combatir la desinformación y construir una justicia rural sólida que trabaje en favor de todos los actores del campo.
