Desde la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) expresamos nuestra profunda preocupación por los recientes hechos de violencia ocurridos en San José de los Chorros, en zona rural de Rionegro, Santander, que evidencian un escalamiento del conflicto armado en los territorios.
Como organización que acompaña y representa a miembros de la vereda La Ceiba, ubicada en una zona colindante al lugar donde se han registrado estas confrontaciones, advertimos que esta situación no es aislada. Por el contrario, extiende sus efectos en otras comunidades cercanas, que hoy enfrentan riesgos reales para su vida, integridad y permanencia en el territorio.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la incursión de un grupo armado ilegal en la zona habría estado acompañada de graves vulneraciones a los derechos humanos de la población civil, incluyendo homicidios, amenazas y actos de intimidación, en el marco de disputas entre estructuras armadas. Estas dinámicas han generado un clima de temor e incertidumbre que trasciende los límites geográficos del lugar de los hechos y afecta a comunidades vecinas.
Nos preocupa especialmente que, una vez más, la población civil quede atrapada en medio de las confrontaciones y continúe siendo objeto de señalamientos, restricciones a su movilidad y afectaciones directas contra líderes y lideresas sociales. Este tipo de dinámicas no solo vulneran derechos fundamentales, también fractura profundamente el tejido social y comunitario.
En territorios cercanos a escenarios de confrontación armada, como es el caso de la vereda La Ceiba, esto se traduce en un aumento concreto del riesgo: las comunidades pueden ser objeto de amenazas, control armado y territorial, restricciones en su movilidad y un mayor nivel de vigilancia y presión por parte de grupos armados. La proximidad territorial no puede traducirse en abandono ni en limitaciones para el ejercicio de derechos.
Adicionalmente, alertamos que estas condiciones de seguridad no solo impactan la vida cotidiana de las comunidades, sino que pueden obstaculizar el cumplimiento de los deberes misionales del Estado y de las entidades competentes en los territorios, afectando el acceso a derechos y el acompañamiento institucional que estas comunidades requieren.
La reiteración de estos hechos, incluso en contextos donde ya existían alertas tempranas sobre los riesgos, evidencia la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora y la urgencia de una respuesta estatal efectiva, sostenida y con enfoque territorial.
Desde la CJYC:
- Rechazamos de manera enfática cualquier acción violenta que afecte a la población civil y recordamos que ninguna disputa armada puede justificar la vulneración de la vida y la dignidad humana.
- Hacemos un llamado a los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
- Instamos a las autoridades a adoptar medidas inmediatas, integrales y sostenidas que garanticen la protección efectiva de las comunidades y prevengan la repetición de estos hechos no solo en el lugar de los hechos, sino en zonas aledañas que hoy enfrentan otros riesgos.
- Exigimos que se garanticen plenamente los deberes del Estado en el territorio, evitando que las condiciones de violencia se conviertan en un obstáculo para la presencia institucional, el acceso a derechos y la atención a las comunidades.
- Insistimos en la necesidad de avanzar en investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y combatir la impunidad.
No es aceptable que comunidades que habitan territorios donde actualmente está escalando la confrontación armada queden expuestas a riesgos previsibles sin una respuesta estatal suficiente.
La protección de la vida, la garantía de los derechos y la presencia efectiva del Estado en los territorios no son opcionales. Son obligaciones. Su incumplimiento, en contextos como el actual, profundiza la vulnerabilidad de las comunidades y perpetúa escenarios de violencia que deben ser atendidos con urgencia.
La protección de la vida en los territorios no puede seguir siendo una promesa aplazada.
