Desde la Corporación Jurídica Yira Castro expresamos nuestra profunda preocupación ante el reciente anuncio del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC-EP bajo el mando de Iván Mordisco, de restringir el ingreso de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP-OEA en territorios donde el grupo tiene presencia.
En las regiones donde la presencia estatal es limitada y persisten disputas por el control territorial bajo prácticas que vulneran los derechos humanos, la presencia de organismos internacionales y el desarrollo de misiones humanitarias resulta fundamental. Su labor permite mediar, acompañar y activar respuestas frente a situaciones de confinamiento, desplazamiento y riesgo para las comunidades.
Limitar su acceso no solo incrementa la vulnerabilidad de la población civil, sino que debilita el tejido comunitario, obstaculiza la atención humanitaria, profundiza dinámicas que prolongan el conflicto armado y deslegitima el trabajo de organizaciones como la Defensoría del Pueblo.
La construcción de paz exige garantías reales de acceso, protección y acompañamiento para las comunidades. Hacemos un llamado al respeto del derecho internacional humanitario y a permitir el desarrollo de las misiones humanitarias en los territorios.
No podemos permitir que la violencia siga marcando el pulso de la cotidianidad en las regiones del país. No es posible hablar de paz mientras se cierran los caminos para proteger la vida.
