En el año 2002 fue expedida en Colombia la Ley 731, o conocida como Ley de Mujer Rural, dadas las exigencias y solicitudes elevadas por mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas para su reconocimiento como sujetos autónomos y su inclusión en los procesos de diseño e implementación de políticas públicas rurales en el país. Lo anterior, pues pese a la importancia de la mujer rural en la producción, y conservación de alimentos, en la preservación de la biodiversidad y en los ejercicios de soberanía alimentaria, aún permanece en una situación de desigualdad y exclusión social, política y económica.

Esta ley facilita el empoderamiento de la mujer rural y el que realmente sea reconocida su autonomía, con una identidad cultural propia y liderazgo autónomo y destacar su papel como actor con un rol productivo propio, y su importancia en la producción, soberanía y seguridad alimentaria del país.

De manera que, para contribuir a la equidad entre el hombre y la mujer rural, la Ley 731 de 2002 simboliza un avance en el reconocimiento de las relaciones entre el campesinado y la tierra, propiciando el acceso progresivo a una propiedad rural y asumiendo la obligación constitucional en cabeza del Estado de garantizar otros derechos como el trabajo, la vivienda digna y la seguridad social.