La Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC- y el Espacio de Litigio Estratégico presentaron el 22 de octubre de 2020 ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- , el informe titulado “La huella del desplazamiento: Estado, empresas y paramilitares unidos en el despojo de tierras en el Magdalena”, una investigación muy completa que sirve como un insumo a este órgano judicial en el marco de la apertura del Caso 08 que dio lugar el 30 de agosto de 2022 donde se investigarán con rigurosidad cerca de 15.710 crímenes de lesa humanidad atribuidos a la Fuerza Pública y 280 de agentes del Estado.
Este informe toma y hace referencia sobre el fenómeno del desplazamiento forzado y posterior despojo de tierras, los patrones de macrocriminalidad en el ejercicio de la violencia sociopolítica ejercida en el Magdalena, sus presuntos responsables, el contexto en el cual se desarrollaron estos hechos victimizantes y el argumento central, sobre las alianzas entre sectores políticos, económicos y paramilitares en la región, que configuraron un aparato organizado de poder para la comisión de un plan criminal dirigido a ejercer control territorial, económico y social en el territorio.
De este modo, el informe revela de qué manera la guerra contrainsurgente en Colombia, fomentó la formación de un Bloque Contrainsurgente de quienes promovieron, apoyaron y ejecutaron esta lucha, mediante la coalición de intereses que agruparon centros de poder económico, político, empresarial, narcotraficantes y grupos armados ilegales, lo que les permitió actuar tanto en legalidad como en la ilegalidad para dar cumplimiento al propósito común.
De manera que, con el fin de evidenciar que los hechos que se presentan en el informe, no fueron hechos aislados, sino que son la imagen vívida de la macrocriminalidad ejercida en la región que demuestra que el Estado colombiano ha utilizado el modelo paramilitar como una herramienta estratégica para salvaguardar sus intereses políticos y económicos con el fin de mantener el statu quo, nos centramos en aquellos patrones de criminalidad que acompañan los hechos victimizantes para así, identificar la forma de actuar de terceros civiles en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
La configuración de un aparato organizado de poder en el Magdalena involucró testaferros como paramilitares despojadores y el engranaje de éstos con agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública, o aspirantes a cargos públicos y empresarios, en el marco de una política o plan criminal identificado para la comisión de desplazamiento, despojos forzados, además de asesinatos selectivos y amenazas en el Magdalena, todo esto dentro de una lógica de sistematicidad y generalidad.
Finalmente, se expone como principal solicitud a la SRVR, la apertura de un caso temático sobre campesinado y desplazamiento forzado en el cual se reconozca el campesinado como un sujeto colectivo; y por ende víctima de carácter colectivo y sujeto de reparación colectiva. Y así mismo, se establezca como medida de reparación el acceso al derecho a la tierra y al territorio, como un derecho fundamental y como una forma de garantizar los derechos a la alimentación, a la seguridad y a la soberanía alimentaria de la población campesina víctima de desplazamiento forzado y despojo de tierras
Si desea obtener más detalles sobre este informe puede contactarnos a través del correo prensa@cjyiracastro.org.co
