La Corporación Jurídica Yira Castro logró que se suspendieran las órdenes de desalojo de campesinos en Puerto Lleras que se habían exigido en el marco de una querella policiva instaurada contra la población por parte de la señora Nelly Molina de Sierra, la viuda de Nelson Sierra Pastrana, un narcotraficante condenado, quien fuera asesinado por las extintas Farc.
Familias campesinas de los predios “El Guadual”, “La Canoa” y “La Belleza”, entre los cuales hay menores de edad, personas con discapacidades y adultos mayores, fueron entrando a estos terrenos, que estaban en condiciones de abandono desde el 2005. Ha sido territorio en disputa por muchas décadas, debido a la presencia de grupos armados en la zona.
Ahora, la señora Nelly Molina de Sierra ha instaurado querella contra las familias que allí habitan por perturbación a la propiedad. Sin embargo, desde la CJYC se ha defendido que las familias campesinas entraron a esas zonas cuando estaban en estado de abandono, y que al tratarse de personas víctimas del conflicto armado, estarían siendo objeto de revictimización con esta acción jurídica en su contra.
Unos terrenos en disputa
A inicios de los 2000, era una zona bajo el control de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero cuando estas empiezan su proceso de desmovilización entre el 2005 y el 2008, llegaron unos primeros colonos a Guaduales, Puerto Lleras, con la intención de poder instalarse ahí y tener su proyecto de vida.
“Allí empezamos a sembrar plátano, yuca, chocolate, maíz. Para la época ya no había paramilitares y la zona era comandada por las Farc quienes no se metían con la comunidad, únicamente entraban a dirimir cuando las JAC no podían mediar alguna situación”, relatan los miembros de la comunidad en la tutela interpuesta por la CJYC contra la querella policiva de Nelly Molina de Sierra.
Para el momento en el que estas familias empiezan a vivir y cultivar las tierras allí, se rumoraba que Guaduales le pertenecía al señor Nelson Sierra Pastrana, esposo de la querellante, quien tuvo enlaces con el narcotráfico y fue condenado por este crimen. Debido a esto, los terrenos estaban en extinción de dominio, pero la situación jurídica de los mismos no era de conocimiento de las familias que allí vivían.
En la tutela también se relata que “entre el 2010 y 2015 la fuerza publica intervino en la zona, con bombardeos y demas acciones en contra de las Farc, sin embargo, tambien tomaron represalias en contra de nostros los campesinos, generandose fenomenos como los mal llamados “Falsos Positivos”, por lo que muchos campesinos tuvimos que salir de la zona nuevamente, abandonando nuestros cultivos, casas y proyecto de vida”.
Luego de la firma del Acuerdo Final de Paz con las Farc, las familias pudieron retornar a sus hogares en Guaduales.
Irregularidades procesales en la querella policiva
Nelly Molina de Sierra interpuso una querella contra las familias campesinas que viven allí, argumentando que ellos han invadido de manera clandestina esos terrenos. A pesar de estas declaraciones de Molina, en la que señala que han ocupado las tierras desde el 2017, los campesinos han podido presentar pruebas de las organizaciones campesinas que han conformado durante años, que además han colaborado con la Alcaldía de Puerto Lleras en mercados campesinos, demostrando así que no se trata de invasiones clandestinas y que están presentes allí desde mediados de los 2000.
Además, desde que Molina de Sierra presentó la querella en el segundo semestre del 2022, han cambiado varias veces de inspector de policía, exigieron un desalojo sin haber hecho una visita y caracterización de los predios, e incluso se evidenció que cuando se realizó la inspección ocular, determinaron que los cultivos no tenían un tiempo mayor de cuatro meses, para darle fuerza a los argumentos de la señora Nelly Molina de Sierra de que estaban invadiendo los predios hacía poco tiempo.
Desde la CJYC, además de la tutela interpuesta para proteger los derechos de los campesinos en Guaduales, se apeló la querella policiva, indicando las irregularidades procesales evidenciadas. El pasado 26 de septiembre del 2023, desde el despacho de la Alcaldía de Puerto Lleras, se declaró la nulidad de la querella policiva contra los campesinos, y se suspendieron los procesos de desalojo contra los mismos.
